México recurre la ley de inmigración de Arizona

México decidió ayer desafiar la nueva y controvertida ley de inmigración SB1070 de Arizona planteando un recurso de anticonstitucionalidad ante el Tribunal Federal de EE UU, bajo el argumento de que la medida dañará las relaciones bilaterales entre los dos países. Además, considera la norma racista y dirigida expresamente contra los ciudadanos mexicanos, según informó ayer el ministerio de Asuntos Exteriores mexicano. La ley de Arizona, que entra en vigor el 29 de julio, convierte en delito estar ilegalmente en el Estado y faculta a la policía, estatal y local, para determinar la situación de legalidad o ilegalidad de ciudadanos dentro del estado, algo que, hasta ahora, era competencia exclusiva de los agentes de Inmigración, lo que facilita la detención y expulsión de extranjeros.

El recurso se une a otros cinco presentados por grupos religiosos y de defensa de los derechos civiles, que consideran que la iniciativa favorece que la ley establezca una clasificación racial de los ciudadanos. En el comunicado remitido por Exteriores, se dice que es "fundamental e imperativo" que se reconozcan los derechos humanos y civiles de los ciudadanos mexicanos, cuando estén en Arizona o en cualquier otro Estado de EE UU.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que aprobó la ley el pasado mes de abril, considera "decepcionante" la reacción de México ante su medida. "A pesar de las falsas afirmaciones y las inexactitudes del Gobierno de México en su reciente escrito presentado ante el Tribunal Federal, la aplicación de las leyes de inmigración de Arizona son razonables y constitucionales", dijo ayer la gobernadora en un comunicado. "Estas leyes reflejan lo que ha sido la ley federal por décadas. Se han construido protecciones legales para los derechos civiles", añade.

El presidente de EE UU, Barack Obama, criticó la ley hace unos días, porque "pone a ciudadanos estadounidenses con aspecto de hispanos, que son hispanos, potencialmente en una situación injusta". El fiscal general del país ha anunciado también que estudian plantear un recurso para impedir su entrada en vigor. Sin embargo, las encuestas muestran un respaldo mayoritario a la ley entre los votantes estadounidenses, que temen el incremento del tráfico de drogas y de personas en la frontera entre los dos países.